La mediática Magali Caballero volvió a encender el debate público tras denunciar una serie de amenazas dirigidas a ella y a su entorno familiar, en un contexto marcado por sus críticas al sistema de salud.
Según sus declaraciones, los mensajes intimidatorios incluyen advertencias de violencia contra su hijo, sus padres y su vivienda, generando preocupación en redes sociales y reacciones en la opinión pública.
En paralelo, el caso suma un nuevo capítulo judicial: profesionales médicos a quienes Caballero habría expuesto presentaron una querella en su contra, reclamando una indemnización de 200 millones de guaraníes.
De acuerdo con su versión, todo se originó a partir de sus denuncias contra el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, institución a la que señala por presuntas falencias en la provisión de insumos y las condiciones del personal sanitario.
Lejos de retroceder, Caballero fue contundente en su postura:
“No me importan más sus amenazas de muerte que me hacen llegar. Mi grupo y yo vamos a hacer justicia por todos, basta de callarse”, afirmó.
Asimismo, manifestó su expectativa de que la jueza Lourdes Peña actúe con imparcialidad al analizar las pruebas presentadas en el proceso. También aseguró contar con el respaldo de varios profesionales de la salud que estarían dispuestos a colaborar para visibilizar las deficiencias del sistema sanitario paraguayo.
El caso instala nuevamente el debate sobre los límites entre la denuncia pública, la libertad de expresión y las consecuencias legales que pueden derivarse de exponer situaciones de alto impacto social.
