Varias figuras políticas y ciudadanos han manifestado alarma por una serie de filtraciones y presuntas vulneraciones de datos relacionados con operaciones del Ueno Bank. La diputada Johanna Ortega denunció que sus transacciones bancarias fueron divulgadas en la web, lo que representa una grave violación a su privacidad.
En paralelo, un comunicado del Ueno Bank calificó esta filtración como información maliciosa y aseguró estar colaborando para esclarecer la situación. La entidad afirmó que cumple con altos estándares de protección de datos personales y apeló a su compromiso con la transparencia institucional.
Las suspicacias sobre Ueno Bank se profundizan luego de la alianza con el Instituto de Previsión Social para validar la “Fe de Vida” de jubilados a través de su aplicación bancaria. Este convenio avanza sobre datos sensibles, incluyendo registros biométricos, lo que generó preocupaciones sobre su uso indebido, sobre todo considerando los vínculos del banco con figuras políticas relevantes.
Además, en la reciente Expo 2025 se reportaron casos donde los visitantes quedaron obligados a usar la aplicación “Tutti” de Ueno Bank para ingresar, incluso si pagaban en efectivo. La senadora Lilian Samaniego denunció que dicha práctica vulnera derechos básicos, y presentó un proyecto de ley para prohibir exclusividades bancarias en eventos públicos, además de acelerar el tratamiento de la ley general de protección de datos.
Este clima de desconfianza se instala en un contexto más amplio: Paraguay enfrenta serias deficiencias en la protección de datos personales. Filtraciones recientes del TSJE, Ministerio de Hacienda e Itaipú han expuesto información de millones de personas sin respuestas institucionales adecuadas. Expertos y defensores de derechos digitales han advertido sobre la falta de una ley integral de protección, autoridad de fiscalización y sistemas de sanción efectivos.
